México es un país rico en cultura pirata. La importancia creciente del sector informal en la vida de la mayor parte de los mexicanos ha hecho de la piratería, el contrabando y la fayuca, “deportes nacionales por excelencia”.
La piratería es definitivamente una ratota inmortal y enorme. El problema se presenta en cualquier rincón del planeta, en países ricos y también en pobres, sin embargo las dimensiones del problema son distintas en cada caso. Erradicarla parece imposible, sin embargo mucho se puede hacer para reducirla.
En México la piratería golpea a un sin fin de industrias: software, música, cine, video, libros, ropa, calzado, vinos y licores, juguetes, perfumes, medicinas, televisión por cable, etc. En fin, hasta taxis piratas tenemos.
De acuerdo al último Informe Global sobre Piratería de Software, que publica la Business Software Alliance (BSA), México tiene un índice de piratería del 56% (1.5 veces la media mundial del 37%). Esto es, por cada 10 programas de software instalados en el país, cerca de 6 son copias piratas. Las pérdidas en México para la industria del software por piratería ascienden a más de 180 millones de dólares. A nivel regiones, América Latina ocupa el segundo lugar de piratería de software con un índice del 58% sólo detrás de Europa Oriental con el 63%.
El gran problema de todo esto es que la piratería se vuelve cada vez más competitiva; ofrece lo último y lo más novedoso a los mejores precios. Siempre va un paso adelante de la industria, el comercio legal y las autoridades. Podría pensarse que un producto pirata tiene una calidad más baja en comparación a un producto original, sin embargo, en industrias como la del software la calidad de un CD pirata es exactamente la misma que la de un CD legal. ¿A poco no prefiere la última versión de Microsoft Office a tan sólo 50 pesos?
Además artículos como videojuegos o programas de aplicación para la PC, al igual que películas en DVD (formato que también ya se puede falsificar gracias a la astucia y el equipo tecnológico con el que cuentan los "ingenieros" piratas) llegan al mercado negro mucho antes de que sean lanzados oficialmente al mercado legal o de que se estrenen incluso en cartelera.
Desgraciadamente este lío pirata es un problema que se ha tolerado y dejado crecer a enormes dimensiones desde hace décadas. La incompetencia histórica de las autoridades en el manejo político y económico del país podría ser uno de los principales motores de la plaga pirata.
Al hacerse de la vista gorda en cada tianguis, bodega, fábrica, aduana o mercado ilegal del país, el gobierno sabía que a cambio aseguraba votos y simpatías de la robusta comunidad pirata. De haber bloqueado con mano dura estos ilícitos quizá un abrupto estallido social se hubiera presentado hace años, lo cual evidentemente no le convenía al gobierno de entonces. Además hay que tomar en cuenta que nuestro antiguo esquema de economía cerrada era el incentivo más jugoso para fomentar el contrabando de productos extranjeros.
La Ley de la Propiedad Industrial anota a la piratería como un delito grave que se persigue bajo denuncia. No hay libertad bajo fianza y el castigo va de 3 a 10 años de prisión más una multa de 2 mil a 20 mil días de salario mínimo.
Como puede ver el castigo es severo, sin embargo, la ley no es el problema; el punto débil está en la aplicación de la ley. Todos sabemos donde están las bodegas y los centros principales de venta de la mercancía pirata en el país, el hecho es que las autoridades federales, estatales y municipales no jalan parejo en esta labor de aplicar la ley por encima de compromisos personales, mordidas, promesas y presiones políticas. Tenemos leyes contundentes y a pesar de eso los piratas y contrabandistas parecen intocables. Así es que mientras no se aplique la ley como debe ser, de nada servirán los operativos, los programas y las buenas intenciones del gobierno.
Mientras los piratas se sigan pasando tranquilamente por el arco del triunfo los derechos de propiedad privada y de paso al poder judicial, seguirán sin llegar al país los capitales, las inversiones, las fuentes de trabajo y la infraestructura que tanto necesitamos para crecer. Mientras a oferentes como a demandantes les resulte más caro entrarle a la legalidad (unos vendiendo copias baratas y altamente rentables sin que nadie les diga nada y los otros comprando productos de segunda obligados por su golpeado poder adquisitivo), la informalidad seguirá siendo la madre de todas las formas de comercio. En fin, resulta paradójico pedirle al Estado que elimine la piratería cuando el Estado mismo es el primer pirata en incumplir y saltarse la ley más importante de todas: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
